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La aprobación del Convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa sobre «El acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales», adoptado en la Conferencia Ministerial «Medio Ambiente para Europa», celebrada en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, supuso un paso muy importante hacia la democracia ambiental. A través de la articulación de los tres pilares de información, participación y justicia, este Convenio pretendía contribuir de forma decisiva a la protección del derecho a un medio ambiente sano y saludable. Se materializaba, así, en un convenio internacional, un principio contenido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, con arreglo al cual «el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda»; y se ponía de manifiesto la importancia de la participación pública como instrumento para mejorar la protección del medio ambiente.