Consentimiento a la reproducc ión asistida

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Desde la segunda mitad del siglo pasado, las ciencias biomédicas han presentado avances de enorme magnitud, muy particularmente en el campo de la reproducción asistida. Ello ha llevado, precisamente, a que, el 10 de diciembre de 2010, el fisiólogo Robert Edwards, de la Universidad de Cambridge, fuera galardonado con el premio Nobel de Medicina por su método de tratamiento contra la infertilidad basado en la transferencia de embriones creados in vitro, método que había comenzado a desarrollar en los años cincuenta, junto con su compañero, el ginecólogo Patrick Steptoe, fallecido en 1988. Esta técnica permitió que el 25 de julio de 1978 naciera Louise Brown, lo que supuso un hito para la medicina moderna, que hoy ha devenido un tratamiento muy común en las parejas con problemas de infertilidad. Así lo atestigua el hecho de que, en todos estos años, su aplicación haya propiciado el nacimiento de unos cuatro millones de niños en todo el mundo, de los cuales noventa mil han nacido en España (Anna Veiga, El miracle de la vida, La Magrana, 2011, p. 12). Su generalización comportó la lógica necesidad de abordar la correspondiente regulación jurídica, lo que, aquí, de forma relativamente temprana, se tradujo en la aprobación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Desde entonces, como decía, los avances científicos en este campo, entre ellos las técnicas de crioconservación, han sido notorios y, en el año 2003, condujeron a una modificación de la Ley que incluía una primera respuesta al problema que planteaba el excedente de preembriones crioconservados que se iban acumulando en los centros especializados. Posteriormente la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, incorporaría una regulación de nueva planta.

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