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1ª Edición / 612 págs. / Rústica / Castellano / Libro
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Los estudios contenidos en la presente monografía abordan desde una perspectiva interdisciplinar y comparada, el régimen jurídico español del patrimonio cultural de titularidad eclesiástica. Las principales cuestiones que dentro del ámbito del Derecho público se suscitan son: los conflictos de competencias que se plantean entre las CCAA, por el traslado de bienes integrantes del patrimonio eclesiástico; los títulos constitucionales y las técnicas administrativas de intervención en el patrimonio cultural eclesiástico; asimismo las competencias sobre el patrimonio inmaterial y la integración paisajística, y su incidencia en el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos. En el ámbito del Derecho privado los aspectos que tienen mayor incidencia son: los derechos de autor sobre la creación artística; el recurso a la marca como mecanismo para explotar el patrimonio histórico-artístico; y la problemática existente en torno a la inmatriculación de inmuebles por parte de la Iglesia católica. Se estudia también la tutela penal de este patrimonio. Y se tratan las principales cuestiones que en el marco del Derecho canónico le afectan: relación entre Derecho canónico, liturgia y arte; coordinación entre las AAPP encargadas de la gestión y promoción de este patrimonio; situación actual de las Abadías, Monasterios y Conventos; e incidencia de las normas canónicas en el Derecho civil. El tema desarrollado reviste especial interés porque un porcentaje superior al 80% de todo el patrimonio cultural español es de titularidad eclesiástica; lo que constituye una parte esencial del acervo patrimonial del Estado que, a su vez, está considerado como el segundo legado cultural de Europa occidental por su importancia, magnitud y diversidad. Aunque la finalidad de culto ha sido la razón principal que ha motivado la existencia de este patrimonio, el devenir de los siglos, los materiales aplicados, y/o su valor artístico, les ha procurado una nueva función cultural. En consecuencia, los Poderes públicos y la Iglesia católica han articulado diferentes instrumentos de cooperación para garantizar la protección, conservación y disfrute por la sociedad de este vasto patrimonio, fomentando su conocimiento, catalogación y difusión sin perjudicar su finalidad principalmente religiosa.