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La actividad contractual de las Administraciones públicas es susceptible de limitar indebidamente la competencia en el mercado, tanto cuando los poderes adjudicadores acuden al mercado por su necesidad de cumplir con sus necesidades operativas, como cuando realizan las tareas que les han sido encomendadas en ejercicio del interés público. El presente estudio tiene por objetivo identificar los límites que configuran la discrecionalidad de las Administraciones públicas en el diseño de sus procedimientos de contratación pública, con el fin de preservar un mercado de contratación pública competitivo a nivel de la UE.
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