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La presente obra se dirige, principalmente, a demostrar y argumentar el pleno sometimiento del actuar administrativo al orden constitucional, como máximo exponente del principio de seguridad jurídica que asiste a todos los ciudadanos y límite a ejercicio del principio de autotutela de que goza la Administración. Junto a esa idea se postula tanto la reducción de la discrecionalidad a sus límites más estrechos como su control judicial de forma absoluta y más en un materia como la ?tributaria? que por su propia peculiaridad convierte cada atisbo de discrecionalidad de la Administración, en una nueva vía de inseguridad y desconfianza para el administrativo. Con la anterior tesis no se pretende privar a la Administración de ninguno de los poderes que tiene atribuidos o de impedirle su ejercicio. No se trata, pues, de dejarla inerme. Sólo se trata de reconducir su actuación a sus límites más estrictos; esto es, postular la existencia de una Administración tanto tutelar de los intereses generales como protectora de los particulares; una Administración garantista, no sólo del crédito tributario, sino también de los derechos de los administrados; una Administración presidida por una gestión eficaz y objetiva, y no sólo por un espíritu recaudatorio. Por ello, cuanto mayor sea el poder que se atribuya a la misma, cuando más ilimitadas sean sus potestades, cuanto más elevado sea el número de las facultades discrecionales que se le atribuyen, menores serán las garantías de los sujetos, más fácilmente serán conculcados sus derechos, menos objetiva será la gestión que lleve a cabo y mayor será la incertidumbre y la inseguridad de éstos. Así, el presente trabajo comienza con un estudio de la discrecionalidad en el Derecho Administrativo, en un intento de concretar sus causas, contenido, límites y control, para después aplicar las consecuencias extraídas al ámbito propio de lo tributario y, fundamentalmente, en aquellas actuaciones administrativas que, en los últimos tiempos, han sido objeto de mayor polémica en torno a su posible contenido discrecionalidad, y que el autor gradúa de forma decreciente. Por este motivo, parte el estudio de una actuación que goza de una total discrecionalidad, como sería la condonación de sanciones, continuando con otra caracterizada por una discrecionalidad de grado medio, cual es, la comprobación tributaria, para pasar a una actividad administrativa prácticamente sin discrecionalidad como es la concesión de aplazamientos, y determinar con otra que carece totalmente de discrecionalidad; a saber, la suspensión de la ejecución de los actos administrativos por la interposición de reclamaciones o recursos.