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La operatividad de los procedimientos de ejecución debe rentabilizarse al máximo para conseguir el fin último del proceso, la satisfacción de la pretensión judicial mediante la encarnación del derecho en la realidad. Consciente de esta situación, la nueva Ley de Enjuiciamiento civil dedica su Título III a la ejecución procesal, donde se aprecia la incorporación a la realidad legal de autorizadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales. Dada la complejidad de este proceso, esta obra centra su temática en torno a la ejecución de condenas de dar; modalidad ejecutiva que atiende a aquellas situaciones jurídicas que precisan la puesta en posesión del ejecutante de un bien, mueble o inmueble, genérico u específico. Una operación tan sencilla se complica cuando surgen las inevitables zancadillas derivadas de las dificultades, materiales y jurídicas, que entrañan la localización y transmisión jurídica del bien en cuestión. En modo particular, debe preocupar la aparición de terceros, de cuya protección por el ordenamiento jurídico deriva en muchas ocasiones la imposibilidad de una ejecución in natura. Se intenta, en fin, exponer las principales situaciones de peligro, señalar el medio de evitar su creación y buscar soluciones al caso consumado, así como alternativas para que el ejecutante no quede defraudado en su derecho y burlado el sistema judicial.