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1ª Edición / 292 págs. / Rústica / Castellano / Libro
La entrada en vigor de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civl ha puesto en jaque a muchas otras leyes. Esto se comprueba al observar las mejoras y desfases sufridos por la Ley 36/1998, de 5 de diciembre, de arbitraje. Este trabajo pone de manifiesto las bondades introducidas por la Ley procesal civil y deja al descubierto algunas lagunas jurídicas que será necesario suplir con propuestas "de lege ferenda". Carece de sentido que el legislador equipare procesalmente estas formas de tutela judicial y arbitral y, sin embargo, no les dote de similares instrumentos o garantías de eficacia y seguridad. Legitimación por intereses colectivos, diligencias preliminares, litispendencia, practica anticipada de la prueba, medidas cautelares o despacho de la ejecución sin contradicción, son - entre otras muchas - cuestiones que aquí analizamos. Obra, por tanto, necesaria para quienes pretenden encontrar en el arbitraje la tutela efectiva de sus derechos.