El impacto de la directiva de servicios sobre el urbanismo comercial

La Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE) está destinada a producir importantes cambios en los tradicionales sistemas de intervención administrativa. Los sucesivos legisladores (y, detrás de ellos, los diferentes sectores administrativos que en la práctica dominan los procedimientos de elaboración de los correspondientes proyectos de ley) se han venido dedicando a exigir autorizaciones por motivos que no siempre cabe seguir considerando de interés público. En efecto, junto a aquellas que se relacionan con indeclinables exigencias del poder público, como las que responden a fundamentos de seguridad, sanitarios, ambientales o culturales, han proliferado las autorizaciones vinculadas a planteamientos que cabría considerar de genérica tutela económica, cuando no de defensa de situaciones de ventaja empresarial o incluso de sesgo meramente corporativo. Con frecuencia nuestras leyes han diseñado autorizaciones cuyo régimen jurídico las apartaba notablemente del modelo liberal de la autorización reglada, esto es, de autorización declarativa encaminada exclusivamente a comprobar el lícito ejercicio de sus derechos por el particular, estableciendo en cambio autorizaciones constitutivas, creadoras de las correspondientes situaciones jurídicas, de corte discrecional. De esa manera ha llegado a conformarse una maraña de intervenciones administrativas.