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El problema de la prevención y represión del extremismo violento preocupa a nuestros poderes públicos desde hace décadas. Sus estrategias internas han impregnado la adopción de acciones conjuntas y la actuación de las organizaciones internacionales. Esta inevitable sintonía se deshace cuando se pronuncian los órganos encargados de la protección de derechos humanos de estas organizaciones que en este marco preventivo y desde finales del siglo XX destacan la importancia y los límites de la libertad de expresión en un panorama jurídico y político que considera a la misma un pilar básico de la sociedad democrática.
Esta ambivalencia determina la respuesta penal que ofrece el Estado español, el cual, tras una época de máxima permisividad en este campo, va estrechando el cerco punitivo en los últimos años contra la manifestación del pensamiento extremista o radical, sin que exista una frontera nítida entre lo permitido y lo prohibido. En conjunto, la obra ofrece una visión integral de este conflicto crucial en un Estado democrático gracias a la tarea investigadora de sendos especialistas en Derecho internacional público y Derecho penal, disciplinas necesariamente cohesionadas en el abordaje del fenómeno.