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En la última década, los estudios sobre la hacienda española han dado un nuevo salto cualitativo. Los grandes pioneros, como Ramón Carande, Antonio Domínguez Ortiz, Modesto Ulloa o Felipe Ruiz Martín, nos dejaron a partir de mediados de siglo un edificio muy bien construido, donde las fuentes de ingresos, la distribución del gasto o los expedientes arbitrados ante las permanentes dificultades de una Monarquía que gastaba más de lo que ingresaba, ocupaban su lugar dentro de un esquema explicativo perfectamente articulado. Más tarde, las cuestiones de hacienda se desplazaron desde la historia económica y política hacia la historia social, más interesados los historiadores por las consecuencias de la presión fiscal sobre los contribuyentes, afectados de distinta manera según su mayor o menor nivel de riqueza o pobreza y según su mayor o menor grado de resistencia o de sumisión a la voracidad pantagruélico del Estado Moderno. Ahora, gracias a la dilatada labor de todos estos estudiosos, la investigación sobre la hacienda pública ha podido ocuparse de otra serie de problemáticas que conectan con el campo de lo que podríamos llamar historia constitucional. En efecto, el análisis de la constitución interna que informaba plenamente la práctica de las monarquías absolutas ha pasado a un primer plano de las preocupaciones de un sector de la historia política y de un sector de la historia del derecho, orientando el quehacer de investigadores como Pablo Fernández Albaladejo, cuyo nombre puede servir de ejemplo no sólo por el valor reconocido de su obra, sino porque a su lado pudo iniciar su formación la autora del libro que nos ocupa, Beatriz Cárceles de Gea. Y es esta corriente la que a su vez ha inspirado algunas de las nuevas perspectivas desde las que puede analizarse todo el cuadro institucional, del absolutismo y, cómo no, un instrumento tan estratégico como es sin duda la hacienda real. Una óptica que, aunque cultivada ya desde antes por otros historiadores, cobró carta de naturaleza con el simposio dedicado precisamente a Política y Hacienda en el Antiguo Régimen dentro de la reunión de la Asociación de Historia Moderna de 1992, al que contribuyeron entre otros Emiliano Fernández de Pinedo, José Ignacio Fortea, Charles Jago o Juan Antonio Sánchez Belén, sin que sean los únicos en interesarse por estos nuevos enfoques, como demuestran, por poner algún ejemplo, los trabajos de Irving Anthony Thompson o Juan Eloy Gelabert.