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La UE progresa imparablemente por la senda de la territorialización de sus competencias que se sobreponen sobre las de los Estados y los entes inferiores a éstos, lo que origina problemas institucionales mayúsculos que afectan sobre todo al Derecho administrativo. Este enfoque no ha prosperado como sería de esperar, con lo que surgen grandes perplejidades, y no sólo para los administradores, a la hora de articular relaciones con la Unión. A estos propósitos responde la obra de Susana Galera que aborda la acomodación y empleo de los instrumentos disponibles en el ordenamiento español para canalizar los controles de la Comisión sobre las autoridades nacionales que aplican determinadas normas comunitarias. Las técnicas empleadas son las típicas de control: autorización previa o ex post, potestad de «ordenar» la revocación del acto al órgano nacional o competencia para establecer el «Informe» final en una inspección realizada conjuntamente por los agentes nacionales y comunitarios. Otra consecuencia de peliagudo manejo, que parte de la consideración del territorio comunitario como unidad sustantiva, es la articulación de las competencias de las distintas autoridades intervinientes en un procedimiento administrativo único, a través, entre otras, del artilugio de los Informes vinculantes.