La transformación renovable del modelo energético

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La transición renovable de nuestro modelo energético, y su definitiva transformación, se presenta como un indispensable requisito para la consecución de una economía descarbonizada, o prácticamente descarbonizada. Por ello, la necesaria transformación ecológica de nuestro sistema económico y social tiene en la transformación renovable del modelo energético un indispensable compañero en el camino ya iniciado. Es más, el propio sistema energético no logrará sus particulares objetivos sin la presencia dominante de la energía procedente de fuentes renovables.

La relevancia de estas fuentes energéticas renovables implica, sin duda, su nuevo renacer. Con nuevas políticas, nuevos marcos regulatorios y nuevas oportunidades económicas, sociales y ambientales. Y no solo respecto de fuentes ya sobradamente conocidas, como la energía eólica, la solar, la hidráulica o la derivada de la biomasa, opciones energéticas sobre las que los avances tecnológicos y, como consecuencia, económicos, están facilitando su nueva entrada en el sistema, sino también respecto de otras fuentes renovables más novedosas, más vírgenes en su existencia, y necesitadas de investigación, de avance tecnológico y de aplicación digital para conseguir su eficaz y eficiente presencia en el sistema energético, nos referimos a fuentes como la energía geotérmica, la energía ambiente o los diversos tipos de energía oceánica, sin olvidar la que pueden proporcionar determinados gases renovables.

Derivada del conocido Acuerdo de Paris, en esta línea se inscribe la política europea sobre energía y clima y, concretamente, el que fue denominado "paquete de invierno" o "paquete de energía limpia" adoptado en noviembre de 2016 y que, durante el 2018 y el 2019, ha dado ya sus frutos de regulación. De esta forma, nos encontramos con un nuevo bloque integrado por un conjunto de normas europeas que caminan hacia la Unión de la Energía y, con vistas en el 2030, diseñan estrictos requerimientos y reforzadas obligaciones para la transición de los sistemas energéticos de los Estados miembros.

Dentro de este nuevo bloque, se aprobó la Directiva (UE) 2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, con la que hemos entrado en la, hasta ahora, última fase del fomento de las renovables. Directiva que refunde todo el marco anterior, actualiza criterios y establece nuevos y más exigentes objetivos y obligaciones en cuanto a la penetración y consolidación de la energía renovable en todo el sistema energético; ello en conjunción con el resto de las normas europeas aprobadas, como la relativa a la eficiencia, a la gobernanza en materia de energía o clima, o las que tienen al sistema eléctrico como objeto de regulación. Es un paso intermedio, una transición hacia los objetivos a largo plazo, hacia la neutralidad climática prevista para el 2050, pero ya pone encima del tapete notables y complejos retos.

En efecto, los retos que se plantean hacen referencia a las importantes medidas de toda índole y naturaleza que deben ponerse en marcha, lo antes posible, para cumplir con los objetivos que, de manera sectorial, se establecen. Medidas económicas, con un gran esfuerzo de inversión, medidas sociales y, por supuesto, medidas normativas que ofrezcan un estable marco regulatorio para garantizar el protagonismo renovable y la seguridad en todo nuestro sistema energético. Esto no es baladí, implica, en primer lugar, un profundo cambio de concepción y de operatividad del modelo energético, y no solo del sistema y del mercado eléctrico, también del transporte, del sector de la calefacción y refrigeración, y de los hábitos de consumo, con la ineludible transformación digital y con la necesidad de avanzar en la investigación de algunas fuentes renovables. De igual modo, en segundo término, los procedimientos, las competencias de los distintos niveles territoriales y las diversas fuentes normativas necesitan adaptarse a este nuevo panorama, lo que ocasionará probablemente no pocos conflictos.

Nuestro país ya ha iniciado su camino, en este sentido fue remitido a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, con múltiples previsiones de futuras acciones. Los retos, evidentemente, están todavía por cumplir, lo que se irá verificando a lo largo de la década que se avecina, aunque actualmente todavía con la incógnita del cumplimiento de los objetivos para el 2020. Pero, primero, al menos, debemos cumplir con las exigencias de transposición en materia de energía renovable. En este ámbito, también se han dado algunos pasos, tanto por el Estado como por las comunidades autónomas, aprobándose determinadas modificaciones de nuestro ordenamiento, como en materia de autoconsumo, o algunos marcos legales autonómicos, elaborando el borrador de la ley de cabecera sobre energía y clima, o poniendo en marcha la consulta previa de necesarias reformas normativas, pero queda mucho por hacer y el tiempo no transcurre a favor. La situación, por tanto, es un poco preocupante, y más si tenemos en consideración el momento de salud pública que lamentablemente estamos padeciendo y sus efectos también económicos que, parece inevitable, conllevarán negativas consecuencias para la transición renovable de nuestro modelo energético, esperemos que solo a corto plazo.
Primera parte: Estudios Generales

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