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Este libro ofrece una lectura rigurosa de las garantías constitucionales que rigen en el proceso penal, a las que se concibe como instrumentos de protección únicamente de la persona imputada. El autor, no obstante, desarrolla un punto de vista equilibrado, alejado tanto de interpretaciones maximalistas, que tienden a tornar imposible la aplicación del derecho penal, como de posturas autoritarias, que pretenden reducir al mínimo aquella protección. Con un enfoque analítico, basado en la tradición del positivismo jurídico, en la obra se expone primero un esbozo de teoría general, y luego se examinan las principales garantías procesales en particular. El objetivo es brindar precisiones conceptuales que se estiman esenciales tanto para el debate académico como para la enseñanza del derecho y la práctica profesional.
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