Ley de Enjuiciamiento Civil

Si hay una norma procesal esencial, esa es, sin duda, la rituaria civil, dado su carácter supletorio del resto de órdenes jurisdiccionales. Por eso, transcurridos 21 años desde la publicación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y llegado el otoño, volvemos a publicar nuestro Código consolidado, que referencia las fechas de las modificaciones de los distintos preceptos.

Durante el año 2020, la norma procesal no fue ajena a los efectos de la pandemia y sufrió hasta cuatro reformas. En primer lugar, la efectuada por el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan Medidas Urgentes y Complementarias en el Ámbito Social y Económico para hacer frente al COVID-19 (SP/LEG/29028); posteriormente, se aprobó el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en el Ámbito de la Administración de Justicia (SP/LEG/29451), que fue posteriormente derogado por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en el Ámbito de la Administración de Justicia (SP/LEG/30929). Finalmente, la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de Determinados Aspectos de los Servicios Electrónicos de Confianza (SP/LEG/31506), introdujo cambios en el art. 326 LEC.

En lo que llevamos del año 2021, dos han sido las reformas: la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal para el Apoyo a las personas con Discapacidad en el Ejercicio de su Capacidad Jurídica (SP/LEG/34123), que ha modificado casi una treintena de preceptos, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (SP/LEG/34154), que ha modificado los arts. 779 y 780 LEC.