Manual de especialización en pericia judicial. Semper Veritas

La potestad jurisdiccional consiste en la actuación o realización del derecho, es decir, la aplicación del derecho
al caso concreto. Los jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, a quienes nuestra Constitución
atribuye en exclusiva dicha potestad, son, necesariamente conocedores de las normas jurídicas.
El conocimiento del derecho por parte de jueces y magistrados es, posiblemente, tan incontestable como
el desconocimiento, por parte de los mismos, de muchísimas materias, ciencias o técnicas que, con
ocasión del ejercicio de la potestad jurisdiccional pueden resultar esenciales para discernir o determinar
hechos que resultan relevantes o determinantes del contenido de sus resoluciones.
El Diccionario de la Real Academia Española define al perito como «experto o entendido en algo», y el Diccionario
Panhispánico del español jurídico lo hace en los siguientes términos: «Experto en una materia a
quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico
la totalidad o parte de los hechos litigiosos».
La función de los peritos consiste, así, en aportar sus conocimientos técnicos, científicos, artísticos o
prácticos para que el juez o el tribunal puedan valorar o adquirir certeza sobre los hechos en relación a
los cuales el perito emite su informe.
Por supuesto que, de un perito, se espera que tenga un alto nivel de conocimiento de la materia sobre
la que versará su informe, pues para ello se solicita su dictamen. Pero por si solo, dicho conocimiento
no resultará suficiente si el perito no cultiva, a la vez, la capacidad de transmitir dicho conocimiento a
personas que, precisamente, carecen de los conocimientos por los que ha sido llamado, y que tampoco,
necesariamente, son conocedores del lenguaje especializado propio de su ámbito.
La importantísima tarea del perito consiste pues, no sólo en aportar sus conocimientos específicos al
proceso, sino, muy principalmente, en hacerlo de tal forma que los operadores jurídicos (y singularmente
los jueces y magistrados) que se encuentren en las salas de vistas puedan comprenderlos adecuando sus
respectivas actuaciones procesales a lo manifestado por los peritos.
El perito, por tanto, es una pieza clave en el proceso, que resultará más determinante de su resolución
cuanto más sea capaz de ejercer como traductor e incluso como glosador, es decir, cuanto más inteligible
y comprensible sea su informe.
Todo ello, por supuesto, sin que el perito pueda permitirse perder en ningún momento la objetividad que
ha jurado o prometido mantener en el momento de emitir su dictamen.
El presente manual, así como el curso al que sirve, ofrecen a los peritos los conocimientos necesarios
para desarrollar sus funciones con un conocimiento cabal del ámbito legal y judicial en el que desempeñarán
su función. Cumple, además, con la exigencia que se predica en las líneas anteriores: no sólo se
exponen conocimientos teóricos utilizando lenguaje jurídico, sino que se explica, de manera perfectamente
comprensible, en qué debe consistir la práctica pericial.