Pack Enterria 1

La Administración Española La Administración española que se recoge en esta obra no es un retrato de estructuras y normas, sino, la de un cuerpo histórico, formado, sin discontinuidades, desde la recepción a comienzos del siglo pasado del modelo napoleónico. Tal modelo ha subsistido hasta la Constitución de 1978 y el sistema de autonomías territoriales construido en su virtud ha alterado en algún punto esencial ese paradigma. Si bien la distribución territorial del poder ha implicado una conmoción considerable, las técnicas de organización que este libro precisa han seguido operando. En relación con el tema funcionarial, cuyos efectivos comprenden nada menos que un 8 por 100 de la población activa, sigue siendo uno de los puntos débiles de las Administraciones que nos rigen. En esta 7ª edición el autor ha revisado el contenido de una obra que mantiene su actualidad. Problemas actuales del régimen local I. La provincia en el régimen local español 1. Orígenes y evolución de la Provincia 2. La configuración actual de la Provincia II. El servicio público de gas 1. La naturaleza del servicio de gas hasta el reglamento de 1956 2. El Reglamento de 1956 3. Crítica del nuevo sistema legal III. La ley del suelo y el futuro del urbanismo 1. El proceso legislativo del urbanismo en nuestra patria 2. La ley del Suelo de 12 de mayo de 1956 y su técnica 3. Principios materiales de la Ley 4. La afectación del coste de las urbanizaciones a los propietarios de los terrenos y su instrumentación en la Ley 5. La afectación del incremento del valor urbanístico al valor comercial a los fines de la edificación en la Ley 6. Una síntesis del nuevo sistema legal: la privación de las expectativas urbanísticas del contenido normal de la propiedad fundiaria 7. Crítica de la ley La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho Español Con la segunda edición de este libro el Prof. García de Enterría incorpora una nuevo trabajo en el capítulo primero de esta obra que nos introduce en un problema capital planteado por una jurisprudencia, ya numerosa, de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que está reconociendo con una notable liberalidad la posibilidad de obtener indemnizaciones por los perjuicios que para los particulares pueden derivarse de la aplicación de ciertas leyes, tanto del Estado como autonómicas. Aparte de invocar una supuesta tendencia del Derecho comparado, se fundamentó primero como título que justificaba esos pronunciamientos el principio de la protección de la confianza legítima (argumento cuya generalización podría llevar nada menos que a la «petrificación» del ordenamiento jurídico). Se invocó también la garantía explícita que hace el art. 9.3 de la Constitución del «principio de la responsabilidad de los poderes públicos». Se ha intentado construir un supuesto de supernulidad de las leyes declaradas inconstitucionales capaz de romper la fuerza de cosa juzgada de las sentencias firmes que aplicaron dichas leyes y de enervar cualquier género de prescripción de las situaciones surgidas en la aplicación de las mismas. En fin, todo ello supondría reclamar como una competencia de los jueces y Tribunales contencioso-administrativos para decidir si una Ley tiene o no contenido expropiatorio. El análisis depurado de esos supuestos títulos, muchas veces acumulativos, permite al autor fijar con notable seguridad cuestiones esenciales del Derecho Público actual, como, por ejemplo, la significación del principio de responsabilidad de los poderes públicos como constitutivo del mismo régimen democrático, sin que implique en modo alguno una responsabilidad patrimonial; la inexistencia de jurisdicción en los Tribunales contencioso-administrativos para pronunciar sentencias de condena contra el Legislador; el deslinde entre la jurisdicción contenciosoadministrativa y la propia del Tribunal Constitucional, tanto respecto de la calificación de una Ley como materialmente expropiatoria como respecto de las consecuencias derivadas de la declaración de una Ley como inconstitucional. La obra clarifica, pues, cuestiones fundamentales del actual Derecho Público democrático, con una notable brillantez. Pero, a la vez, la obra no duda en entrar en problemas bastante más concretos, de los que puede ser un ejemplo (sólo por sí mismo relevante) la resuelta reconsideración de la expropiación legislativa de las costas y zona marítimo-terrestre llevada a término por la Ley de Costas de 1988, reinterpretando la Sentencia Constitucional 149/1991 y abriendo aquí, justamente, una posibilidad indemnizatoria no tenida en cuenta hasta ahora. La Constitución Como Norma Jurídica y el Tribunal Constitucional ÍNDICE: Prólogo a la cuarta edición.- Prólogo a la tercera edición.- Nota a la segunda edición.- Prólogo.- I. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURÍDICA. I. La significación de la Constitución. II. Los fundamentos del valor normativo de la Constitución. La Constitución como norma fundamental. III. El valor normativo de la Constitución Española. IV. El principio de la interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento.- II. LA POSICIÓN JURÍDICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA ESPAÑOL: POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS. I. La intervención norteamericana de la <> y su papel central en el sistema. II. El rechazo inicial en Europa de la justicia constitucional, su reconstrucción en el primer tercio del siglo XX a través de la obra de Kelsen y el retorno al modelo norteamericano (con datos estructurales del sistema austríaco) en la última posguerra; Alemania e Italia. III. El Tribunal Constitucional en la Constitución Española de 1978 y sus poderes. IV. Las posibilidades y los riesgos de la justicia constitucional. V. La respuesta a las objeciones formuladas contra la justicia constitucional. VI. La posición jurídica del Tribunal Constitucional como comisionado del poder constituyente para la defensa de la Constitución; órgano constitucional y no soberano; la libertad del poder constituyente para revisar las interpretaciones constitucionales del Tribunal y el asentimiento del pueblo como última fuente de legitimidad de éste. VII. La significación del Tribunal Constitucional en las circunstancias españolas. VIII. La cuestión de los criterios de fondo que fundamentan las decisiones del Tribunal Constitucional.- III. APÉNDICE: UNA APLICACIÓN. LA INCIDENCIA DE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN: DOS IMPORTANTES SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. La Batalla por las Medidas Cautelares Derecho Comunitario Europeo y Proceso Contencioso-Administrativo Español Este libro reúne diecinueve trabajos, que el autor ha publicado en revistas especializadas durante los once últimos años a propósito del tema de las medidas cautelares en las vías jurisdiccionales de tres ordenamientos que rigen hoy simultáneamente en nuestro territorio: Derecho Comunitario Europeo, Derecho Administrativo común estatal y especial o autonómico y Derecho del Convenio Europeo de Derecho Humanos o sistema de Estrasburgo, cada uno con su organización jurisdiccional propia. Esto da a esta reflexión una amplitud poco común por el ámbito mismo a que se refiere, pero, sobre todo, por el tema a que se aplica, las medidas cautelares en los procesos como exigencia indeclinable de una "tutela judicial efectiva". Todos los trabajos, menos uno, son comentarios a Sentencias (del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Tribunal Supremo español, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de varios Tribunales Constitucionales europeos y, por supuesto, del español, de la Cámara de los Lores Británica), comentarios en que el autor toma partido resueltamente a favor de una extensión de las medidas cautelares para evitar la frustración de las sentencias finales y para excluir las ventaja ilícitas de quienes litigan abusivamente y pervierten la institución del proceso. Esta posición es ya, en el momento de la 3ª. edición de esta obra, una posición arraigada en el texto de nuestra Constitución y, por tanto, que ha de prevalecer frente a opiniones y hasta frente a Leyes que intentasen reducirla, conforme ha declarado el "intérprete supremo" de la Constitución, nuestro Tribunal Constitucional. La secuencia sucesiva de estas varias sentencias en varios ordenamientos y jurisdicciones ofrece la significación de una verdadera "lucha por el Derecho", de la que se ofrece aquí casi la crónica de una de sus "batallas" actuales más relevantes.