Régimen jurídico de la propiedad agraria sujeta a la nueva PAC

stentado la Unión Europea desde su constitución como Comunidad Económica Europea. Prueba palpable de ello es no sólo que ha sido y sigue siendo la principal partida del presupuesto europeo ?se presenta como logro que hasta 2013 no vaya a consumir más del 34 % del total del presupuesto?, sino que se trata de uno de los elementos que más ha permitido visibilizar la acción de las instituciones comunitarias, pues quien más quien menos ha oído hablar de las subvenciones agrarias y ha temido por las reacciones de los agricultores cada vez que se ha rumoreado algún recorte en ellas. Para el jurista, la Política Agraria Común se encarna en una serie de Reglamentos europeos cuyo último hito lo constituye el RUE 73/2009, de 19 de enero de 2009, conocido como el «chequeo médico de la PAC», en el que debe adentrarse, cual moderno Teseo, armado con un grueso ovillo que le permita hallar su camino por entre la alambicada acumulación de estratos fruto de la suma añadida de la actividad del legislador estatal y de los legisladores autonómicos. El libro que me honra prologar proporciona ese ovillo con el que no temer al legislador comunitario en uno de los sublaberintos que crea la PAC: las afectaciones al derecho de propiedad que deben soportar los agricultores que se someten a ella para recibir las anheladas subvenciones comunitarias. No es que el legislador comunitario de la PAC sea especialmente torpe. El problema radica en que las instituciones europeas legislan en atención a un fin y, en particular en el caso que nos ocupa, lo hacen prescindiendo de las categorías civilísticas a las que irremediablemente irradian sus efectos. Se trata de un fenómeno que no es nuevo, y que quienes nos interesamos por la aproximación de los derechos civiles nacionales en el seno de la Unión Europea conocemos sobradamente. La legislación comunitaria, en general, no es únicamente finalista, sino que adolece de una baja calidad ?en el libro se contienen diversos ejemplos de remisiones legislativas internas a preceptos inexistentes, consecuencia de la superposición de Reglamentos sólo parcialmente derogados? y carece de la necesaria coherencia.