Responsabilidad penal y negocios estándar. Los casos del asesor fiscal y del abogado

Responsabilidad penal y negocios estándar. Los casos del asesor fiscal y del abogado
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El núcleo central de trabajo que aquí se presenta se corresponde con la teoría de los actos neutrales y su traslación al campo del Derecho penal económico, específicamente, a dos de los delitos que, dotados de sesgo económico, son más paradigmáticos, esto es, el fraude fiscal (art. 305 CP) y el blanqueo de capitales (art. 301 CP), analizando sus características a través de la intervención en éstos de dos operadores jurídicos de suma importancia como son el asesor fiscal y el abogado. Con ello se pretende ofrecer una respuesta lo más clara y concisa posible a la siguiente pregunta: ¿pueden estos profesionales realizar comportamientos de contribución delictiva al delito de un tercero que se sitúen dentro de la esfera del riesgo permitido, esto es, que sean neutrales realizando así un negocio estándar?

El abordaje de este interrogante requiere de un análisis que vaya desde las premisas más básicas y específicas de nuestro modelo de intervención delictiva, hasta los elementos más propios y estructurales de la atribución de la responsabilidad penal en ambos tipos penales. Pasando por un fuerte cuestionamiento de qué son, cuál es su alcance y cómo se fundamentan, en sí mismos, los comportamientos neutrales.

Así, se propone la elaboración de un juicio de neutralidad que pretende alzarse como una reformulación de la teoría de la imputación objetiva desde una perspectiva intersubjetiva. Esta teoría marco se construirá sobre el reconocimiento de una dualidad de componentes (objetivo y subjetivo), y su finalidad última será de carácter bidireccional, identificándose así con un posicionamiento que permita tanto justificar la exención de responsabilidad penal de los operadores jurídicos, como su castigo. Con ello se pretenderá otorgar una mayor argumentación y coherencia a la valoración de la neutralidad del comportamiento y, en última instancia, al límite mínimo de la intervención punible, siempre desde el prisma de la responsabilidad penal individual.

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